El gobierno de Estados Unidos ha adquirido una participación del 9,9% en Intel, una de las principales compañías de semiconductores del país, en una operación valorada en 8.900 millones de dólares. El presidente Donald Trump ha declarado repetidamente que la nación «no pagó nada» por estas acciones, calificando el acuerdo como «excelente» tanto para la empresa como para el país. Afirma que la participación ya tiene un valor aproximado de 11.000 millones de dólares, lo que subraya un beneficio inmediato para Estados Unidos.
La transacción, anunciada la semana pasada, ha generado un debate sobre la intervención estatal en la economía y las implicaciones de estas «ofertas». La administración defiende la medida como una forma estratégica de asegurar la cadena de suministro de semiconductores.
La adquisición de Intel y la postura de Trump
El presidente Trump ha defendido enérgicamente la adquisición de la participación del 9,9% en Intel, afirmando en Truth Social que «PAGUÉ CERO POR INTEL». Esta declaración se basa en la naturaleza de la financiación del acuerdo. La inversión de 8.900 millones de dólares se materializó mediante la conversión de subvenciones federales previamente asignadas pero aún no pagadas a Intel. Específicamente, incluye 5.700 millones de dólares de la Ley CHIPS de la era Biden y 3.200 millones de dólares del programa Secure Enclave.
A pesar de la retórica de «cero pago», la compañía confirmó que el gobierno realizaría una inversión de 8.900 millones de dólares en acciones comunes de Intel, a un precio de 20,47 dólares por acción. Este precio representa un descuento de aproximadamente 4 dólares respecto al cierre de las acciones el viernes previo al anuncio. Trump ha proyectado que esta participación tiene un valor actual de alrededor de 11.000 millones de dólares para el país.
Detrás del acuerdo: Motivaciones y consecuencias
La administración Trump ha justificado este movimiento citando la necesidad de impulsar la producción nacional de chips y reducir la dependencia de la fabricación extranjera. El acuerdo busca reforzar la posición de Intel, que ha estado «luchando» y reportó pérdidas significativas en el segundo trimestre de 2025. El director del Consejo Económico Nacional, Kevin Hassett, sugirió que este tipo de acuerdos podrían ser un modelo para futuras transacciones en otras industrias.
El proceso del acuerdo fue precedido por una notable confrontación, donde Trump exigió la renuncia del CEO de Intel, Lip-Bu Tan, debido a sus vínculos pasados con empresas chinas. Tras una reunión en la Casa Blanca, se llegó a este «histórico acuerdo». Intel ha asegurado que la participación del gobierno será una inversión pasiva, sin derecho a asientos en la junta directiva o derechos de gobernanza especiales, y que votará en línea con la junta en la mayoría de los asuntos.
Reacciones y el futuro de las inversiones estatales
La transacción no ha estado exenta de críticas. Algunos legisladores, como el representante Thomas Massie, han calificado la medida como un «socialismo» que no estaba autorizado por la Ley CHIPS, generando preocupación por la intervención gubernamental en el sector privado. Intel, por su parte, advirtió en una presentación de valores que tener al gobierno de EE. UU. como un accionista significativo podría someterla a regulaciones o restricciones adicionales en otros países, lo que potencialmente podría afectar sus ventas internacionales.
A pesar de estas objeciones, la administración Trump ha insinuado que podría buscar más acuerdos similares en el futuro. La estrategia de convertir subvenciones en participaciones accionarias podría redefinir la relación entre el gobierno y la industria tecnológica, especialmente en sectores críticos como el de los semiconductores y la inteligencia artificial.